Las pandillas salvadoreñas La 18 y La Salvatrucha mantienen en zozobra a los ciudadanos de este país desde hace tres días, tras amenazar con quemar autobuses y negocios que presten sus servicios en las principales provincias del país, informaron este miércoles las autoridades.

Estas medidas fueron dictadas por los grupos criminales desde el pasado lunes en la noche, luego de que pandilleros incendiaran autobuses y moto taxis.

Tras las amenazas de los bandidos, efectivos policiales salieron inmediatamente a las calles para resguardar la seguridad de los conductores de autobuses y la ciudadanía en general.

La intimidación de estas maras (término usado para designar a pandillas en Centroamérica y parte de México) de atacar a quienes se atrevan a circular por las calles de las ciudades salvadoreñas se produce en rechazo a la recién aprobada Ley Antimaras.

Con este nuevo instrumento jurídico las penas de cárcel para los mareros serán mayores a las vigentes en la actualidad, y aplicará también para quienes colaboren con estas organizaciones criminales.

Esta normativa que proscribe y penaliza duramente a los pandilleros fue aprobada la semana pasada por el Congreso de la nación

Sumado a las amenazas de los pandilleros en libertad, los retenidos en nueve de los 21 centros penitenciarios del país han iniciado su propia "protesta" y se niegan a entrar a sus celdas.

En la cárcel de Ciudad Barrios, localizada en la provincia oriental de San Miguel, se han originado disturbios con un saldo seis presos y un policía heridos.

Entre este martes y miércoles, el transporte públicó se paralizó ante el temor de los conductores de sufrir algún atentado.

"Claro que tengo miedo que me quemen mis buses, son mi medio de vida", sostuvo un salvadoreño propietario de cuatro vehículos de transporte público quien tomó la medida de vigilar, junto con sus empleados, los cuatro autobuses.

Por otro lado, las autoridades locales, a través del ministro de Justicia y Seguridad,  Manuel Melgar, anunciaron un intenso plan de contingencia y seguridad que implica el aumento del resguardo y protección en las terminales de transporte público.

Dentro del plan se contempla también introducir agentes camuflados en estos lugares para darle mayor tranquilidad a los ciudadanos.

Adicionalmente, el ministro de Defensa, general David Munguía Payés, anunció que serían sacados a las calles 2 mil soldados para apoyar la seguridad del país, con lo cual aumenta a 9 mil la cantidad de efectivos en las ciudades.

Además, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, indicó que 3 mil 500 policías laboran en operativos de vigilancia de los autobuses.

El paro de transporte ha afectado sobre todo a las provincias del oriente de la nación entre los que se encuentran San Vicente, La Libertad y Santa Ana.

En un comunicado, presuntamente emitido por La 18 y La Salvatrucha, leído por el párroco Antonio Rodríguez en un medio de comunicación del país, los pandilleros explicaron las razones de sus acciones.

Según los criminales, el paro es "una medida de presión para que el Gobierno tome dos actitudes: Una, que genere un espacio de diálogo entre las pandillas y el Gobierno con algún ente o intermediarios para solucionar el problema de la violencia. Y dos, que vete el presidente la Ley de Proscripción de Pandillas, que es una ley que está dentro del marco y de la ideología de las manos duras, que lo que ha causado es un incremento de los niveles de violencia", dice el texto.

En respuesta, Payés y Ascencio negaron rotundamente cualquier posibilidad de ''negociar políticamente'' con las pandillas.