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El ministro chileno de Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció este martes que se enviará un proyecto de ley para reformar el funcionamiento de la justicia militar en el país, privilegiada en la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y con la cual se pretende juzgar a los presos mapuche, varios de ellos en huelga de hambre desde hace más de un mes.

"El proyecto de ley es para reformar y acotar el funcionamiento de la justicia militar en nuestro país, es verdad que tenemos un sistema en que la justicia militar a veces actúa con mayor amplitud que la propia de un sistema democrático, y es una reforma que ya estaba consignada en nuestro programa de gobierno, vamos a proceder enviando este proyecto de ley con urgencia", informó el titular de Interior.

"Vamos a proceder con urgencia para que todas las personas que en el futuro enfrenten procesos ante justicias militares y en nuestro concepto deba enfrentar a la justicia civil, lo hagan", agregó.

En tanto, Hinzpeter instó a los 32 comuneros y simpatizantes de la causa mapuche -que se encuentran en huelga de hambre desde hace 51 días en las cárceles de Valdivia, Lebu, Angol, Concepción y Temuco- a deponer la protesta.

El ministro pidió a la sociedad que lo acompañe al "llamado que les hacemos para que la depongan, porque la huelga de hambre no conduce sino al deterioro de su salud, la exposición, al peligro de su vida y eso como sociedad que quiere preservar siempre la vida, es algo que a este gobierno preocupa enormemente", expresó.

El representante de la cartera de Interior asomó la posibilidad de un diálogo con el pueblo mapuche, algo que hasta ahora no había sido planteado por ningún miembro del Gobierno.

"Además de deponer la huelga de hambre, es importante que fortalezcamos el principio de que debemos entendernos por la vía del diálogo y no por la vía de la violencia", insistió.

Pese a que el ministro chileno apostó por una mesa de diálogo, la vocera del Gobierno central, Ena Von Baer, consideró "difícil dialogar con grupos que están utilizando medios de presión, como huelgas de hambre, y que no han dado el paso de renunciar al uso de la violencia".

Los mapuche cumplen una huelga de hambre, desde hace 51 días, contra la aplicación de la ley antiterrorista, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Ena Von Baer aseguró que el Gobierno ha enfrentado la situación de los indígenas "presentando recursos frente a la justicia para poder mantener a las personas que en este momento se encuentran en huelga de hambre, alimentadas".

Las declaraciones de la vocera anticipa la respuesta a la solicitud de familiares de los huelguistas y de parlamentarios de la Concertación, de instalar una mesa de diálogo en la que medien representantes de la Iglesia Católica.

Baer, también criticó a la gestión de la ex presidenta Michelle Bachelet, por invocar la legislación y haber "heredado" el problema.

"Para los casos que están siendo estudiados por la justicia, fue invocada por el Gobierno anterior. Por lo tanto, acá uno también de pronto echa de menos consistencia de parte de la oposición respecto a los argumentos que están utilizando", dijo.

La respuesta de la parte oficial se da porque la mayoría de los mapuche fueron detenidos durante el Gobierno anterior y porque la ley se comenzó a aplicar tras la llegada de Edmundo Pérez Yoma al ministerio de Interior.

Este martes el presidente del Senado chileno, Jorge Pizarro, reconoció que el Congreso tiene el desafío de cambiar la ley antiterrorista, que se decretó durante la dictadura de Pinochet y que sigue vigente, por la que se juzgan a los mapuche.

Pizarro, junto a líderes de partidos y parlamentarios de la Concertación, expresó su compromiso en solicitarle al Gobierno la instalación de una mesa de diálogo para dar una pronta solución a los comuneros.

Los parlamentarios le pidieron al Ejecutivo que actúe con rapidez y permita la derogación o modificación de la dura ley.

"Nosotros respaldamos esa petición. Vamos a plantearle directamente al Gobierno, al ministro del Interior nuestro parecer y la disponibilidad para tratar de buscar una solución en conjunto a la brevedad", afirmó Pizarro.

El presidente del Senado consideró que es "un acto discriminatorio y arbitrario" que se le aplique la ley antiterrorista a un grupo de personas, particularmente a los pueblos originarios.

El documento firmado por los congresistas reafirma el reconocimiento constitucional del pueblo y la continuidad de la política de entrega de tierras llevada adelante por los últimos gobiernos democráticos.

Los 32 huelguistas se encuentran en prisión por protestar a favor de la recuperación de tierras ancestrales.

El pasado mes de julio, los presos mapuches iniciaron una huelga de hambre para exigir garantías a la justicia chilena, informaron en ese entonces a través de un comunicado.

Muchos de los mapuches se encuentran en prisión desde hace cinco años, y su lucha continúa para tratar de recuperar las tierras que les pertenecen por derecho ancestral, pero que actualmente se encuentran en manos privadas.