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El legislador colombiano Iván Cepeda denunció este lunes el asesinato de una delegada de Derechos Humanos que participó en la audiencia sobre la fosa común de La Macarena (sureste de Colombia), considerada la más grande de Latinoamérica.

Se trata de Norma Irene Pérez, una madre de cuatro menores que trabajaba como agricultora y realizaba labores a favor de la defensa de los Derechos Humanos en su país.

Varios congresistas y organizaciones No Gubernamentales pidieron al entonces Gobierno del ex presidente, Álvaro Uribe, protección y garantías para testigos y asistentes que asistieron a la auditoría de la fosa encontrada.

"Habíamos reclamado garantías y seguridad y este hecho muestra que las garantías no se dieron y que las palabras del presidente Álvaro Uribe señalando que quienes participamos en esa audiencia éramos voceros del terrorismo han generado un ambiente propicio para que ocurran estos hechos de violencia", explicó Cepeda.

Ante esto, crece el temor de los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia, de acuerdo con Cepeda, quien exige una investigación por el asesinato de la líder.

A finales de julio una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó este viernes tras una audiencia pública en la localidad de Macarena, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.

Allí se encontraban senadores de oposición, como Piedad Córdoba y varios activistas por los Derechos Humanos, y muchos pobladores que decidieron romper el silencio y hablaron con los eurodiputados sobre el uso que el Ejército colombiano hacía de sus helicópteros para dejar los cuerpos sin vida y luego se retiraban

La eurodiputada Ana Gómez dijo en ese momento que los cadáveres estarían enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano y no se descarta que esos cuerpos sean productos de los llamados "falsos positivos", como lo señaló.

Encuentran nueva fosa común

La existencia de una nueva fosa común en Colombia con más de cuatrocientos cadáveres que podrían encontrarse en el cementerio de Granada, departamento del Meta en el centro de la nación suramericana, fue denunciada por Iván Cepeda.

"Hay 460 cadáveres, algunos se presume como falsos positivos (...) Hay al parecer 460 cadáveres en un registro oficial que tiene el cementerio", señaló el senador del Polo Democrático Alternativo.

Agregó que en el municipio de Granada está el Batallón 21 Vargas, que actúa en toda esa región y "ahí hay denuncias, incluso hay tumbas en las que se ha podido encontrar, no muchos, pero si algunos casos de personas que presuntamente habrían sido víctimas de falsos positivos", dijo.

Se presume que los cuerpos de las 460 víctimas fueron enterrados entre los años 2001 y 2010, durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

En Colombia ya son varias las fosas comunes que se conocen de cadáveres no identificados en los últimos años.

El pasado mes de julio, una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó tras una audiencia pública en la localidad de La Macarena (suroriente), la existencia de una fosa común, la más grande de Latinoamérica, con dos mil cadáveres no identificados.

En esa audiencia pública asistieron unos 800 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Güéjar, Guaviare y el departamento del Caquetá, acompañados por la numerosa delegación extranjera, congresistas de la oposición y la senadora colombiana Piedad Córdoba.

En está audiencia también se conoció la grave crisis humanitaria en los llanos orientales de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Los campesinos de La Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada de ese plan.

La existencia de una fosa común con restos de al menos dos mil personas fue denunciada en diferentes oportunidades por los habitantes de la comunidad sureña de La Macarena.

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o falsos positivos dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.

En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.

Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en hacer ver supuestas bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.

Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.

Cuestionan silencio del Gobierno

El Director del diario La Voz y miembro del Grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz , Carlos Lozano, anunció que hasta el momento el Gobierno colombiano no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la muerte de la activista humanitaria Norma Irene Pérez, quien estaba participando en las denuncias de fosas comunes encontradas en distintas comunidades colombianas.

"Hasta el momento el Gobierno nacional no ha hecho pronunciamiento alguno sobre la muerte de esta dirigente, quien justamente estaba denunciando las fosas que aún los altos mandos militares se niegan a aceptar, a pesar de que ya ha sido comprobada y difundida por algunos medios de comunicación", expresó Lozano en declaraciones ofrecidas a teleSUR.

Asimismo, advirtió que además de La Macarena, existen otras fosas comunes localizadas en comunidades como El Meta (centro del país) y en San José del Guaviare (Sur).

Lozano consideró que el Gobierno debe tomar las providencias necesarias para proteger la vida de todas las personas que participaron en estas audiencias.

"El Gobierno no puede guardar silencio ante ello, tiene que adoptar una decisión contundente y proteger la vida de todos estos ciudadanos", añadió.

De igual manera, sostuvo que, en caso de que el Gobierno colombiano continúe resistiéndose a aceptar la existencia de las fosas e ignorando que debe prestar protección a las personas que realizan las respectivas denuncias, "se tendrá que acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para obtener las medidas cautelares que obliguen al Ejecutivo de Colombia a proteger a esas personas".