La canciller de México, Patricia Espinosa, informó este miércoles que el Gobierno de ese país considera un paso importante el bloqueo de algunos artículos claves de la Ley antiinmigrante de Arizona a un día de que entre en vigencia el polémico instrumento y recordó que su país ha implementado diversos mecanismos para fortalecer la protección consular a sus ciudadanos en ese estado del sur de Estados Unidos.

"Es un primer paso en la dirección correcta", dijo Espinosa durante un mensaje a los medios de comunicación desde la capital mexicana como reacción a la la decisión de la Corte Federal del Distrito en Arizona de suspender provisionalmente la entrada en vigor de algunas disposiciones de la ley SB1070.

Asimismo, recordó que, pese a esto, el Gobierno de México seguirá instrumentando y fortaleciendo "acciones para prevenir violaciones a los derechos de los migrantes y para proporcionarles protección consular en los casos en los que desafortunadamente nuestros connacionales son objeto de violación de sus derechos".

Informó que en los cinco consulados de México en Arizona, se fortalecieron y establecieron "diversos mecanismos de respuesta rápida para garantizar que se brinde asesoría legal efectiva en los casos específicos donde se presenten estas violaciones de los derechos de nuestros connacionales".

Entre las medidas que implementará el Gobierno de Felipe Calderón ante la entrada en vigor de la ley antiinmigrante está el fortalecimiento y la ampliación de la red de abogados del programa de asistencia jurídica, y de la red abogados consultores.

De igual manera se incrementará "la presencia consular en los centros de detención en Arizona y la comunicación permanente con las autoridades federales para conocer cualquier incidente que involucre a un connacional".

El Gobierno de Calderón también ha activado mecanismos de difusión de información jurídica para los mexicanos radicados en Estados Unidos (EE.UU.).

La canciller Patricia Espinosa informó que ordenó el desplazamiento del director general de protección a mexicanos en el exterior, a Phoenix, "para supervisar estas medidas de protección consultar previstas por la cancillería que se pusieron en marcha desde que se aprobó la ley SB1070 ( pasado viernes 23 de abril)".

El Gobierno Federal de Estados Unidos (EE.UU.) y organizaciones de derechos civiles introdujeron demandas contra la ley antiinmigrante, que buscan bloquear la puesta en práctica del reglamento.

La jueza distrital de Estados Unidos, Susan Bolton, es la encargada de abordar las siete demandas judiciales que rechazan el instrumento legal de Arizona.

Diferentes naciones latinoamericanas expresaron su rechazo a la normativa ante la Corte de Arizona a través del recurso de un "amicus curiae" o "amigos de la corte".

Entre los países que apoyaron el rechazo a la norma estuvo Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú, naciones que se unieron a la figura de "amigos de la corte" presentada inicialmente por México.

Espinosa informó que "el gobierno de México continuará dando seguimiento puntual al proceso judicial que se derive de la decisión de la Corte de Distrito (en Arizona) y en instancias superiores  hasta que se produzca la declaración de inconstitucionalidad de la ley SB1070".

La jueza federal de Estados Unidos Susan Bolton ordenó este miércoles el bloqueo de partes claves de la polémica ley antiinmigrante SB1070.

Entre las partes de la ley que han quedado suspendidas con la decisión del Bolton están: "Investigar a partir de una sospecha razonable la condición migratoria de una persona cuando sea detenida, detener sin orden de arresto a un individuo bajo sospecha de ser indocumentado", tal como lo informó la canciller mexicana.

También se bloqueo del reglamento el hecho de criminalizar el trabajo indocumentado y considerar como delito grave no llevar documentos.