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Latinoamérica
 
TeleSUR _ Fecha: 14/07/2010
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Afectados por represiones policiales pedirán indemnización al Gobierno de Panamá

Las 150 personas que resultaron heridas por las represiones de las fuerzas policiales panameñas durante las manifestaciones en la localidad de Changuinola, provincia atlántica de Bocas del Toro fronteriza con Costa Rica, en contra de la Ley 30, levantarán una demanda a través de organismos de Derechos Humanos para pedir una indemnización al Estado.

La colabora de teleSUR en Panamá, Claudia Figueroa informó que de los 150 heridos, "20 personas han perdido uno de sus ojos y de estos, tres perdieron los dos", señaló.

Asimismo, indicó que junto con el grupo de heridos, organismos de Derechos Humanos levantarán la demanda y así pedir una indemnización para las personas que recibieron perdigones en sus caras y ojos.

Figueroa comentó que el uso de perdigones de la cintura para arriba había sido prohibido en el país centroamericano.

Según el ministro panameño de Salud, Franklin Vergara, los afectados por los perdigones en los ojos "se mantienen en condiciones estables".

Vergara señaló que los heridos fueron trasladado de Changuinola para atenderlos en la capital (Ciudad Panamá). Nueve fueron llevados a hospitales de la Caja de Seguro Social y otros nueve al Hospital San Miguel Arcángel de San Miguelito.

El titular de salud reconoció que la mayoría de los pacientes padecen de problemas oftálmicos causados por cuerpos extraños, es decir, por los perdigones.

Hasta este martes se han operado a 15 pacientes, dos han sido dados de alta y uno falleció producto de las afectaciones en los pulmones por perdigones mientras era intervenido.

Con respecto a la víctimas fatales, la reportera señaló que hasta el momento el Gobierno de Ricardo Martinelli sigue reconociendo sólo dos muertos, por tal motivo organismos de DD.HH. se encuentran en la localidad donde ocurrieron los hechos para confirmar esta información, puesto que en la nación se habla de siete fallecidos.

Por otro lado, de los 300 detenidos durante la huelga bananera en protesta por la Ley 30, que criminaliza el derecho a manifestarse, y que modificó además aspectos laborales y ambientales de Panamá, queda un sindicalista preso que, supuestamente, las autoridades panameñas están por liberar, informó Figueroa.

Asimismo, señaló que aún no se conoce si se van a desarrollar los procesos judiciales que estaban abiertos en contra de los detenidos.

Este martes, los ciudadanos de Panamá recuperaron el ritmo de normalidad tras la huelga que se dio en un 100 por ciento en contra de la normativa. Varios sectores de la nación como el industrial y educativo se sumaron al paro nacional, informó la colaboradora de teleSUR.

Reportó que en horas de la noche de este martes, el gabinete de Martinelli confirmó luego de una reunión, el establecimiento de una comisión de diálogo donde participarían varios delegados del Ejecutivo, miembros de los sindicatos panameños, principalmente el bananero, que fueron los que organizaron la huelga en la región de Bocas del Toro.

Miembros de la Iglesia y diputados de la bancada del Órgano Legislativo podrían participar en la reunión. Hasta el momento algunos sectores no han respondido a la propuesta del Gobierno panameño.

Se prevé para este sábado en Bocas del Toro la llegada de Martinelli, informó Figueroa tras resaltar que existe un descontento por parte de la población por la visita del presidente panameño a la región.

El descontento de los ciudadanos de Bocas del Toro se debe porque estos esperaban la llegada del mandatario días atrás, para que se pudiera llegar a un feliz termino a las demandas que pedía el sindicato a través de la huelga.

Desde el pasado jueves obreros bananeros, quienes exigen la reivindicación de sus derechos y mejoras salariales a raíz la aprobación de la polémica Ley 30 protestaron al bloquear distintas vías de acceso. La revuelta llegó hasta la capital panameña (el viernes), donde universitarios y organizaciones obreras salieron a manifestar a las calles en apoyo a los obreros bananeros.

Los obreros de la industria bananera solicitaban al Gobierno que se derogue la Ley 30, que además establece la eliminación de la obligatoriedad del pago de la cuota sindical por medio del descuento directo.   

 

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