La Asamblea Nacional ecuatoriana reanuda este jueves el segundo debate de la polémica Ley de Recursos Hídricos, en medio de tensiones ya que a las afueras de las instalaciones se encuentran reunidos cientos de indígenas y campesinos quienes exigen que se garanticen los derechos de la naturaleza.
Según la corresponsal de teleSUR en Quito, Elena Rodríguez, los dirigentes de los movimientos indígenas y campesinos se reúnen en horas del mediodía de este jueves en el Parque El Arbolito, ubicado a escasas dos cuadras del Parlamento, para coordinar las nuevas medidas que serán presentadas ante este organismo.
"Ya salieron los dirigentes del Parlamento y solicitaron a los manifestantes que se encontraban a las afueras de este recinto que se replegaran al Parque El Arbolito para diseñar una nueva estrategia", indicó Rodríguez.
La corresponsal afirmó que, más temprano, unas tres mil personas intentaron ingresar a la fuerza a la Asamblea para poder conversar con el presidente de esta institución pero fueron rápidamente dispersados con bombas lacrimógenas arrojadas por las fuerzas de seguridad ecuatorianas.
Los dirigentes aseguran, según Rodríguez, que esta nueva Ley de Aguas busca beneficiar a las empresas embotelladoras y privatizar el servicio "pero movimiento socialismo país dicen que no existe la posibilidad de que esto suceda", añadió.
Rodríguez señaló que existe la posibilidad que el presidente del Parlamento se reúna nuevamente en horas de la tarde con los manifestantes para continuar el debate del proyecto de ley.
La discusión había sido suspendida la noche de este martes por el presidente del Parlamento, Fernando Cordero, debido a los hechos de violencia que se desataron cuando la policía intentó desalojar a los indígenas quienes impedían a los asambleístas salir del recinto.
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, informó que durante la reyerta de este martes al menos 15 policías resultaron heridos.
Por su parte el dirigente indígena de la Sierra, Defín Tenesaca, declaró que llegaron a la capital ecuatoriana sin el propósito de agredir a nadie, además tomaron "pacíficamente" los accesos y salidas del edificio de la Asamblea Nacional para que sus demandas sean escuchadas.
Con relación a la solicitud de dirigentes indígenas para la conformación de una comisión de alto nivel que analice los "puntos críticos" de la Ley de Aguas, Cordero explicó que la en las discusiones han participado unos 30 asambleístas, pero que aún restan más de 25 intervenciones, de las cuales "lo importante será que se den a conocer los puntos que acercan a las bancadas, no las divergencias ya expuestas".
Anticipó que solicitará la eliminación de los artículos 217 y 218 del proyecto, que vulneran las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, esas sugerencias, al igual que las demás que se han formulado en el debate, serán consideradas por el titular de la Comisión 7, en el detalle de las observaciones que se incorporan al proyecto para su aprobación.
"No vamos a doblegarnos ante las amenazas y las actitudes impositivas; lamentablemente lo ocurrido el martes fue una acción deliberada de ciertos dirigentes que por un lado decían que quieren debatir y, por otro, llegaron a la Asamblea con palos y piedras, cuando nuestro mensaje ha sido absolutamente claro: aprobaremos una ley que garantice los derechos de todos y todas, porque el agua es un derecho humano, es sinónimo de vida y de salud", enfatizó.
Cordero repudió los hechos de violencia de este martes y condenó a sus autores pues "no hay justificación cuando representantes del sector indígena, campesino y de organizaciones sociales, han sido recibidos y escuchados en el Pleno".
Reiteró que con todo lo sucedido se pretende confundir al país y más cuando se dice que la nueva ley busca privatizar el agua.
"¿Cómo vamos a privatizar algo que ya está privatizado y que desde la redacción de la Constitución, en Montecristi, se consagró que no puede haber privatización del agua?, preguntó el parlamentario.
"Lo que se hace en la ley es desarrollar esos preceptos constitucionales para que termine en Ecuador la concentración de este recurso en pocas manos, es decir, el acaparamiento", agregó.
Los originarios se sienten preocupados porque esta Ley de Aguas pueda ser el inicio de la privatización de ese recurso natural, sin embargo, el gobierno ha negado esta posibilidad en reiteradas ocasiones.
Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), advierten que las protestas se incrementarán de forma gradual y existe la posibilidad de que se produzca un levantamiento a nivel nacional en contra de varias leyes del Gobierno.
Los debates en la Asamblea Nacional de Ecuador sobre el proyecto de la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua se iniciaron en noviembre pasado.
El instrumento legal consta de 238 artículos, una disposición única y 18 transitorias y derogatorias, así como también prohibe toda manera de privatización de agua y establece su gestión exclusivamente pública o comunitaria.
Correa se ha reunido con el sector indígena desde el año 2009 para discutir las inquietudes que este sector tiene sobre este proyecto de ley, así como también ha llamado a la calma para dar paso al diálogo y poder solucionar el conflicto.