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Ecuador rechazó este viernes la retirada de la representación colombiana durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la mesa de debates mientras la delegación ecuatoriana reclamaba  la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla, quien fue ejecutado en el bombardeo ilegal a Sucumbío de hace dos años.

Mientras Ecuador presentaba los alegatos ante la CIDH, los que sustentaban la demanda planteada sobre la muerte de Aisalla, el embajador de Colombia, Luis Alfonso Hoyos, se retiró de la mesa, lo que produjo el rechazo del Procurador ecuatoriano Diego García Carrión.

"Para el Estado ecuatoriano la actitud adoptada, más allá del tono cordial y respetuoso, del embajador refleja una posición del Estado colombiano, inaceptable para el Ecuador, creo yo será finalmente inaceptable para la CIDH", expresó el Procurador.

Por su parte, el ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, dijo a la agencia de noticias ecuatoriana Andes, que la acción de Colombia en la mesa de diálogo no debe afectar los acercamientos bilaterales.

"Esa es una actitud que nosotros no la admitimos en un organismo internacional, no creemos que eso ayuda al sistema de justicia internacional, sobre todo en temas tan delicados como derechos humanos", agregó el ministro.

Carvajal viajó a Washington junto a la misión de la defensa ecuatoriana, ante la convocatoria de la CIDH.

El ministro de Seguridad relató que el embajador colombiano se retiró de la audiencia, por considerar que la CIDH no es competente para abordar el caso de Aisalla.

"Colombia no presentó sus argumentos jurídicos, se concentró en un discurso político y se negó a responder las preguntas de la Comisión", dijo Carvajal.

El caso de Aisalla es para Carvajal "el ajusticiamiento de la vida de un ecuatoriano que estaba en manos de las autoridades militares y policiales colombianas que irrumpieron en territorio ecuatoriano", enmarcado "en el ámbito judicial exclusivamente relativo a derechos humanos".

Ecuador reclamó ante la CIDH las sanciones contra los responsables de la muerte de Aisalla, quien perdió la vida durante el ataque ilegal del Ejército de Colombia a territorio selvático de Ecuador, el pasado 1 de marzo de 2008.

El Procurador General de Ecuador, Diego García Carrión, señaló que la petición de su país "cumple con los requisitos de competencia y admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la constitución de la Convención Americana".

Agregó que Colombia, país fronterizo, debe tomar las "medidas para desarrollar imparcial y exhaustivamente (las investigaciones), con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de la víctima que proceda a reparar a los familiares de la víctima por los perjuicios sufridos como consecuencia de la violación de sus derechos".

Asimismo, autoridades ecuatorianas denunciaron que el Gobierno de Bogotá no protegió los derechos humanos (DD.HH.) de quienes se encontraban en el campamento temporal del número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, quién falleció en el ataque junto a otras 25 personas.

"Como vemos el desconocimiento por parte de Ecuador de la acción militar que se estaba desarrollando, imposibilita que este Estado pueda garantizar en ese determinado lugar, el respeto a los DD.HH., por lo tanto los agentes que actuaban bajo las estrictas órdenes del Gobierno colombiano son quienes están obligados a hacer cumplir y respetar los DD.HH.", aseguró un funcionario de la Procuraduría, Carlos Espín.

El país andino presentó el año pasado, ante la CIDH, una comunicación interestatal en contra de Colombia para "que se reconozca la violación de los derechos humanos en la ejecución" de Aisalla y tras la solicitud de este jueves las autoridades decidirán si se admite o no la demanda.