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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó este jueves la solicitud de extradición, desde Estados Unidos, del ex presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, como lo requirió a comienzos de mes la Fiscalía General de esa nación suramericana.

La Sala de Casación Penal del máximo tribunal declaró "procedente la solicitud de extradición" de Pérez, después que la Fiscal General venezolana, Luisa Ortega Díaz, la solicitara el pasado 1 de marzo. La sentencia fue firmada por el magistrado Eladio Aponte.

Pérez es solicitado por su responsabilidad respecto a las muertes registradas durante los sucesos acaecidos los días 27 y 28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 1989, conocidos como "El Caracazo".

La Fiscalía General venezolana acusa al ex mandatario por "la presunta comisión" del delito de "homicidio intencional calificado" por los sucesos de la violenta revuelta social que estalló en Caracas, la capital venezolana, y sus alrededores.

Ortega Díaz, informó el pasado 1 de marzo que la solicitud había sido presentada ante el Tribunal 32 de Control de Caracas, que la envió al Supremo para que éste, en un plazo de 30 días, decidaiera si procedía o no la petición.

Ahora, el TSJ "deberá pasar todos los documentos al Ejecutivo" venezolano para que éste procese el pedido ante el Gobierno de Estados Unidos, país donde reside el ex mandatario, explicó el director general de Actuación del Ministerio Público, Alejandro Castillo.

El funcionario indicó que desde el año 2005 existe una orden de privativa de libertad contra Pérez por el delito de "homicidio intencional calificado", que está penado con entre 15 y 20 años de prisión.

Sin embargo, en caso de que el país norteamericano responda al pedido venezolano y sea hallado culpable, el ex gobernante sólo podrá ser castigado con arresto domiciliario de hasta cuatro años debido a su avanzada edad.

El 27 de febrero de 1989, el pueblo de Venezuela se alzó contra el Gobierno de Pérez, por la aplicación de medidas económicas neoliberales bajo el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), acción que fue brutalmente repelida por las fuerzas militares y policiales dejando, según cifras oficiales, más de 300 muertos, aunque testigos, investigadores y organizaciones de derechos humanos señalan que los decesos son más de mil.

Muchas de las víctimas fueron sepultadas en fosas comunes, específicamente en el sector de La Peste, sector ubicado en el Cementerio General del Sur en Caracas.

Recientemente, las autoridades venezolanas iniciaron el proceso de exhumación de cadáveres para identificar los restos de las víctimas.