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El magistrado de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, César Julio Valencia Copete, denunció este martes que continúa siendo espiado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y aseguró que las órdenes provienen de un "alto nivel".

Una "autoridad más poderosa que María del Pilar Hurtado (ex directora del DAS) está detrás" de las llamadas chuzadas, aseguró el ex presidente de la CSJ a medios locales.

Valencia Copete dio las declaraciones en respuesta a un informe de la Procuraduría de la nación, en el que se menciona un cruce de instrucciones entre Hurtado y la ex directora de la Unidad de Análisis Marta Leal, donde se ordenan persecuciones a los bienes del magistrado y del abogado Ramiro Bejarano.

"Hay hechos que indican que esas informaciones iban a parar a Palacio. La directora del DAS depende directamente del Presidente. No se si él o alguien cercano a Palacio está detrás de esto", alertó.

El jurista manifestó su preocupación por los seguimientos y señaló que no se siente seguro. "Es extraño que, de acuerdo con las investigaciones, coincidencialmente los seguimientos que me hacía el DAS se produjeran en momentos en que yo preparaba, junto con mi abogado Ramiro Bejarano, mi defensa en la demanda que me interpuso el Presidente por injuria y calumnia", reveló valencia.

El magistrado relató que el DAS "estaba interesado en seguirnos por orden de su directora" e informó que en el año 2007 le envió una misiva a la ex autoridad de la institución al respecto, pero la funcionaria "de manera falaz aseguró que no había seguimientos".

"Quién sabe quién más está en ese complot contra la Corte", se preguntó Valencia Copete, quien además atribuyó los acosos a las investigaciones de la parapolítica, que adelanta alto tribunal. En este sentido, el magistrado exhortó a la Fiscalía de su país que la denuncia "no se quede en los mandos medios, sino llegue a quienes orquestaron el hecho".

Por lo menos unos 80 congresistas, han sido vinculados por la CSJ en la parapolítica, flagelo que estalló en 2006 y que intenta comprobar las relaciones de legisladores y políticos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de extrema derecha.

La mayoría de los senadores investigados pertenecen a partidos políticos que conforman la coalición de Gobierno en el Congreso, y todas estas facciones respaldaron la reforma constitucional de 2006 que permitió la reelección de Álvaro Uribe para un segundo mandato.

Valencia rechazó el hecho de que su abogado también sea víctima de los seguimientos ilegales del DAS, por ser quien lo defiende en el proceso en el cual el presidente de la República, Álvaro Uribe, lo denunció por injuria y calumnia.

"Yo considero que la persecución que se ha montado contra él es una forma de quebrar el debido proceso, el sigilo profesional y la igualdad procesal que debe reinar en todo asunto", sostuvo el jurista. Ante la situación le pidió a la CSJ que tome medidas en el asunto porque "es un eslabón de toda la cadena que se viene fraguando desde hace muchos días contra la Corte Suprema de Justicia".

Valencia denunció también que la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda no le ha hecho entrega de la información que de él ha recogido en sus cuentas bancarias y de sus bienes, algo que desobedece las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El DAS enfrenta un proceso investigativo que lleva a cabo la Procuraduría de la nación por las denuncias de magistrados, periodistas y senadores que adversan el gobierno de Álvaro Uribe, quienes aseguran haber sido víctimas de interceptaciones telefónicas ilegales o espionaje, hecho conocido también como "las chuzadas del DAS" en Colombia.