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El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, reiteró este lunes su rechazo a la ley de amnistía que pretende aprobar esta semana el Congreso Nacional de facto porque asegura que el texto favorecerá a los involucrados en el golpe de Estado.

"El golpe no quedará impune, ni se puede ocultar", dijo el mandatario y añadió que el pueblo no acepta la idea de olvidar las violaciones humanitarias, las detenciones ilegales, los asesinatos y otros delitos de lesa humanidad cometidos el 28 de junio, cuando fue derrocado.

Criticó al presidente electo en los cuestionados comicios del pasado 29 de noviembre, Porfirio Lobo, por impulsar el perdón para los responsables de la asonada al alegar que la medida "agradará a la comunidad internacional" y "traerá la paz para Honduras", opinión rechazada por el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil hondureña.

"Yo estoy de acuerdo con que haya reconciliación, pero la reconciliación es buscar que en Honduras haya justicia, que en Honduras se aplique la ley", recalcó Zelaya en comunicación telefónica con Radio Globo desde la embajada de Brasil, donde se encuentra alojado desde que ingresó clandestinamente al país el 21 de septiembre del pasado año.

"Con la amnistía los golpistas no quieren ver los delitos que han cometido aquí como un golpe de Estado, que ha sido calificado por todos los juristas y todas las naciones y todos los países del mundo", agregó.

A petición de Lobo y del jefe del régimen golpista, Roberto Micheletti, el Parlamento comenzará a debatir este martes el proyecto de ley que beneficiará a los protagonistas del golpe de Estado realizado contra Zelaya cuando fue sacado del país con el respaldo de sectores de la oligarquía y el aval de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Parlamento.

El secretario de la legislatura, Carlos Lara, indicó que el tema, inicialmente anunciado para este lunes, fue postergado hasta el martes para lograr más consenso.

El instrumento legal fue preparado por una comisión con marcado sesgo político, ya que sólo consultó a sectores que apoyaron y alentaron la ruptura institucional, como los empresarios, las iglesias y la clase media y alta.

"No se preguntó a los obreros, a los campesinos, al magisterio, a los patronatos, ni a ninguna organización que no se ajustará al requisito de calificar de 'sucesión constitucional' el derrocamiento de Zelaya", reveló un medio de comunicación local.

Diversos sectores populares y partidos progresistas se mantendrán, desde este lunes, manifestando frente a la sede del Congreso, en rechazo a la amnistía para los represores.