En Colombia, los oficiales del ejército acusados de montar falsos atentados en Bogotá en las semanas previas a la segunda posesión del presidente Álvaro Uribe, el pasado 7 de agosto, serán investigados por la Procuraduría General de la Nación colombiana.

Tres coroneles, un mayor y dos capitanes del Ejército, relacionados con varios montajes de atentados terroristas, serán imputados por estar presuntamente tras el montaje de al menos cinco atentados, algunos fallidos o descubiertos en la capital colombiana entre julio y agosto, según informó el organismo de control disciplinario en un comunicado.

Los otros investigados son el mayor Javier Efrén Hermida Benavides y el capitán Luis Gerardo Barrero Calderón, ambos miembros de la jefatura de inteligencia y contra inteligencia Militar Conjunta; el coronel Horacio Arbeláez Sarmiento, director de la Central de Inteligencia Conjunta; el coronel Juan Carlos Forero Linares, director administrativo, el capitán Saulo Antonio Neira González, oficial de Control de Gastos Reservados, y el coronel Juan Carlos Estévez Pinzón, comandante de un Batallón de Infantería en Bogotá.

El comandante del ejército, Mario Montoya Uribe, leyó el pasado ocho de septiembre un comunicado en el que informó que los atentados habían sido perpetrados por efectivos militares.

Sin embargo, pese a que el propio ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, autorizó la lectura del comunicado, ahora defendió a los militares frente al senado que los acusa.

''Ustedes, senador Galán y senadora López, están poniendo ante la picota pública y están eliminando las carreras de dos oficiales que han servido a la patria con toda dedicación'', señaló Santos.

La Fiscalía General, también parece haber cambiado su posición inicial, y este jueves se retractó, pues alega que no tiene pruebas contra ellos los militares imputados.

Lidia Alape Manrique, alias ''Jessica'', fue presentada a los medios, poco después de los atentados, como una guerrillera de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), que colaboraba con el ejército, pero terminó denunciando a los militares con los que antes colaboraba.
 
''Estos casos los arman, y realmente al que la debe no lo buscan, sino al más bobo, por eso le digo al país que no se dejen engañar'', señaló la supuesta insurgente, quien estaba citada a esta audiencia en el Senado, pero no quiso salir de su celda, pues asegura temer por su vida.

Por su parte, el procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, fue el único en anunciar medidas contra los uniformados.

''Usted sabe que hay una total independencia de la acción penal, de la acción disciplinaria, nosotros hemos visto a la luz de los estatutos de las Fuerzas Armadas, de la actuación de estos miembros de la fuerza pública y sobre eso es la decisión'', subrayó el procurador.

Por su parte las FARC, en un comunicado negaron que la supuesta guerrillera, haya pertenecido a las filas de esa organización, y han insistido en que los atentados fueron montajes de oficiales que buscaban ascensos.  

El grupo insurgente asegura que ''Jessica'' atendía una estación de gasolina en el municipio de Planadas, en el departamento del Tolima, al centro del país, y que nunca fue miliciana, menos guerrillera.

El escándalo por los presuntos montajes se inició luego de que la prensa colombiana publicara informaciones al respecto, lo que motivó a la lectura del documento por parte del comandante del Ejército.

Los presuntos delitos que se le imputan a los uniformados son considerados por la Procuraduría como faltas de carácter ''gravísimas y graves''.