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Latinoamérica
 
TeleSUR _ Fecha: 23/09/2006
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TeleSUR
Asamblea Popular de Oaxaca marcha hacia la capital mexicana

Los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) iniciaron una multitudinaria marcha hacia Ciudad de México para exigir la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz.

El estado de Oaxaca (sur) se mantiene en conflicto desde hace cuatro meses cuando los maestros, apoyados por grupos civiles, exigieron mejoras contractuales.

Las autoridades estatales iniciaron acciones represivas contra los manifestantes, lo que ha desencadenado en la solicitud de renuncia de Ulises Ruiz Ortiz.

La manifestación espera que el senado de México apoye la destitución del gobernador oaxaqueño.

Sin embargo, el mandatario mexicano, Vicente Fox, dijo que la salida de Ruiz Ortiz no está en manos del Gobierno Federal.

"Mi llamado al diálogo, no necesitan hacer esa larga caminata para poder platicar. No corresponde a la Presidencia de la República poner o quitar gobernadores, para eso están los  procedimientos institucionales, nuestras leyes", aseguró Fox.

La marcha busca ejercer presión sobre el gobierno nacional para lograr una salida al conflicto que. En Oaxaca, las clases de educación primaria y secundaria están suspendidas, y algunas oficinas públicas y vías de comunicación han sido tomadas por los maestros como medida de protesta.

José Fernández Santillán, analista del Tecnológico de Monterrey expresó que "No hay visos de solución mientras Ulises Ruiz no pida licencia, mientras no se negocie el asunto salarial de los maestros".

Juan Camilo Mouriño, asesor del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa, pidió a la administración de Fox avocarse a solucionar el problema, ante de entregar el mando.

"Le hemos exigido a este gobierno que resuelva el problema de Oaxaca. El entendido en el que estamos es que así habrá de ser resuelto antes del cambio de administración".

Entretanto, una comisión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) llegó a Oaxaca para evaluar y constatar los casos de violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales contra los manifestantes por parte de las autoridades locales, según denuncias de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

 

vc/YR