El maestro Jaime  René Calvo,  representante del Consejo Central de Lucha, fue decapitado este viernes cuando se dirigía a una reunión de su corriente sindical, el Consejo Central de Lucha, organismo disidente de la sección 22 del magisterio, a la que culparon del crimen.

Sin embargo, la sección 22 y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) se deslindaron inmediatamente del asesinato, y acusaron al gobierno estatal de tener un plan para incriminar al movimiento social y justificar una salida de fuerza.

''Responsabilizamos de este hecho al grupo de asesinos encabezados por Ulises Ruiz'', expresó uno de los representantes de la APPO.

En otros hechos, presuntos responsables de un tiroteo en las inmediaciones de una barricada de la Asamblea Popular, fueron detenidos y trasladados semidesnudos al zócalo de Oaxaca, durante la madrugada de este viernes.

En la ciudad de México, un grupo de organizaciones campesinas e indígenas alertaron sobre los riesgos que corre esta última etapa del proceso de dialogo.

''Nos parece altamente grave lo que está ocurriendo en Oaxaca que pretendan arrinconar el movimiento de esta manera y rechazamos cualquier tipo de violencia venga de donde venga'', expresó Marcelino Díaz, miembro de la Convención Nacional Indígena.

Leopoldo de Gybes, integrante Coalición Obrera Campesina Estudiantil, explicó que ''estamos en una etapa culminante del diálogo con el gobierno Federal para encontrar una salida a la crisis política de Oaxaca", pero añadió que existen sectores que pudieran tener interés en que el problema se solucione por la vía de la fuerza.

"Estamos ante la posibilidad de una transición democrática, pero hay sectores como el propio gobierno del Estado  de Oaxaca, como poderes económicos y políticos que están en pugna con el propio gobierno estatal, que pudieran tener interés en una salida represiva, o de un baño de sangre'', subrayó Gybes.

El magisterio de la sección 22 y la APPO consultan a sus bases las propuestas hechas por el gobierno Federal, para desactivar el conflicto.

Mientras, una marcha de maestros y organizaciones populares se dirige a la capital mexicana, para reiterar su exigencia de que renuncie el gobernante de Oaxaca, Ulises Ruiz, a quien acusan de represor y corrupto.

Este  lunes los educadores y la Asamblea regresarán a la ciudad  de México con una respuesta definitiva que busca dar fin a un conflicto que afecta desde hace 4 meses la actividad educativa y comercial de Oaxaca.