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Después: Dossier
Latinoamérica
 
TeleSUR _ Fecha: 28/12/2010
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Medidas económicas de Carlos Andrés Pérez profundizaron la crisis social de Venezuela

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), José Felix Rivas, aseguró este martes que las medidas económicas aplicadas durante los gobiernos del fallecido ex presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), profundizaron la crisis  social que había en el país suramericano.

Rivas, en entrevista concedida a teleSUR, enfatizó que la gestión de Pérez estuvo coordinada por intereses de asociaciones extranjeras y no los del pueblo venezolano.

“Las medidas expresaban una visión que ya se había impuesto (…) que impulsaban el libre mercado, la reducción del Estado, de la protección social, y la prohibición de políticas sectoriales, con la intención de consolidar el predominio del capital transnacional en pro de intereses ajenos, afirmó Rivas.

Las declaraciones fueron dadas en torno a la muerte del ex mandatario, ocurrida el pasado sábado.

Rivas realizó un análisis de sus gestiones en los períodos de 1974-1979 y 1989-1993, este último no lo pudo terminar al ser destituido de su cargo por el otrora Congreso Nacional, para que se sometiera a un antejuicio de mérito por malversación de fondos públicos.

En referencia a la nacionalización del petróleo, efectuada en el año 1976 por el Gobierno de Pérez, Rivas destacó que “hay una verdadera historia que no se ha revelado”,  ya que “autores con suficiente reputación” han hecho creer que este acontecimiento fue trascendental mientras los hechos demuestran que “fue un acto planeado por las compañías transnacionales”.

“La nacionalización no fue tal cosa, más bien fue un proyecto de las grandes transnacionales para poder compartir la explotación del petroleo venezolano (…) fue planificado por mucho tiempo por las transnacionales y es por eso que, después de nacionalizarse, la empresa Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) siguió trabajando como una empresa global”, expresó el funcionario.

Aseveró que, debido a esta “transnacionalización de la economía”, en la que la soberanía económica de Venezuela quedaba a manos del capital extranjero y del Fondo Monetario Internacional (FMI), se aceleró también el proceso del deterioro de la calidad de vida, especialmente de las clases media y baja  que eran las que presentaban más necesidades.

En este sentido, Rivas destacó entonces que el principal reto con el que se encontró el Gobierno del actual presidente venezolano, Hugo Chávez, quien asumió el mando en el año 1998, fue detener el incremento de la pobreza extrema. 

También tuvo que insistir (Chávez) en “reducir, lo mayor posible, el deterioro social y económico que atravesaba el país”, lo que justifica las políticas de la descentralización y de la implantación del modelo socialista.

Cuando Carlos Andrés Pérez ejercía su segundo mandato en Venezuela, estalló una rebelión cívica en contra de su Gobierno y un paquete de medidas económicas asesoradas por el FMI, suceso conocido como El Caracazo.

 A raíz de esos hechos, el ex presidente mantenía una cuenta pendiente con la Justicia de su país, debido a la gran cantidad de muertes que se derivaron de la represión policial ordenada por su parte.

El plan económico que el FMI recomendó a Pérez incluía el aumento en el precio del pasaje del transporte público y de la gasolina.

El estallido popular, comenzó el 27 de febrero de 1989 por una protesta en Guarena, perifería de Caracas, la capital venezolana, pero luego se esparció por todo el país.

Las protestas, fuertemente reprimidas por la policía y el Ejército, dejaron según el Gobierno de Pérez unos 300 muertos, sin embargo, testigos, investigadores y organizaciones de derechos humanos señalan más de mil.

Muchas de las víctimas fueron sepultadas en fosas comunes, específicamente en el sector de La Peste, ubicado en el Cementerio General del Sur en Caracas. Actualmente las autoridades gubernamentales venezolanas han iniciado el proceso de exhumación para identificar los restos.

Pérez también fue objetivo de dos rebeliones cívico-militares el 4 de febrero de 1992 y el 27 de noviembre del mismo año.

Tras ser destituido, Carlos Andrés Perez, fue consignado en el Retén Judicial de El Junquito y de allí pasó a su casa en Caracas, por su avanzada edad.

En 1996 la Corte Suprema de Justicia lo condenó por malversación genérica agravada a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario.

El pasado sábado, Pérez falleció en Miami (sureste de EE.UU.) tras sufrir un ataque cardíaco. Tenía 88 años de edad y antes de morir, nunca respondió ante la Justicia por los sucesos de El Caracazo.

 

teleSUR/lp-MFD