Ambientalistas y líderes de la zona fronteriza de Guatemala y El Salvador asisten este martes al Congreso  guatemalteco donde  manifestarán su negativa  al proyecto minero de la firma Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, que comenzará este año con sus labores en esta zona.

Los grupos ambientalistas de estos países centroamericanos expondrán ante los parlamentarios los daños irreversibles al ambiente y a la salud de la población que provocará la explotación de oro y plata por parte de la compañía canadiense, informó  el ambientalista del grupo Madreselva, Julio González

González dijo  que aunque "la explotación no será a cielo abierto sino por túneles, igual afectará irreversiblemente el medio ambiente ya que han  encontrado aguas termales de 80 grados centígrados que pretenden sacar por el río Ostúa que desemboca al Lago Güijaen El Salvador y matará toda su diversidad".

El proyecto vetado por los ambientalistas se denomina Cerro Blanco y fue  aprobado por el ex presidente Óscar Berger durante su gestión de 2000-2004. Dice que es similar al  de Montana Exploradora que   ya opera en un municipio del  oeste de Guatemala, fronterizo con México, donde se extrae  oro a cielo abierto, pese a la oposición de grupos ambientalistas, enfatizó González.

La minería de metales a cielo abierto es una explotación no sustentable que beneficia exclusivamente a las compañías transnacionales que la ejecutan. Los gobiernos de Centroamérica, como Guatemala, se han plegado a  ella y, a través de mecanismos irregulares, les otorgan todos los beneficios, dañando a la población y violando sus propias leyes.

El activista detalló que la mina del proyecto Cerro Blanco estará ubicada en el departamento guatemalteco de Santa Rosa y afectará  a 39 comunidades, aunque los daños más brutales se sentirán en  El Salvador donde tres millones de personas serán perjudicadas  debido a que en el Lago Güija nace el río Lempa, el más grande de El Salvador.

Según las Naciones Unidas, El Salvador es el país más deforestado del continente americano y el segundo en cuanto acceso al agua. En  ese país se han otorgado  29 concesiones mineras en la franja norte de El Salvador que ponen en peligro el cauce del Rio Lempa que abastece a la capital salvadoreña.

Dada estas serias  amenazas de la explotación minera sobre  la población y el medio ambiente, se ha creado en estos últimos años un gran movimiento ciudadano en oposición a la minería que es apoyada por ONGs, expertos internacionales y hasta la iglesia católica.

En este sentido, la  iglesia católica de El Salvador el pasado 31 de enero pidió al presidente Mauricio Funes que interviniera  ante el gobierno de Guatemala para frenar  la explotación de esta mina porque amenaza con contaminar los mantos acuíferos salvadoreños

Otros países como Costa Rica y Nicaragua también sucumben a ante los intereses de los países desarrollados que  necesitan los metales para su industria y sus mercados, y tienen limitaciones para conseguirlos en su propio territorio. Obstáculos que vienen dados porque el costo de la mano de obra en sus países es muy alto y porque  las organizaciones ecologistas son fuertes, además que  la legislación al respecto es  severa.

En Costa Rica  se reportan  conflictos por la explotación de minerales, en especial entre la empresa canadiense Industria Infinito y grupos ecologistas, universitarios y otras entidades de la sociedad civil.

Los ambientalistas  se niegan  a una explotación de oro a cielo abierto en Las Crucitas de Cutris, una zona fronteriza con Nicaragua, la cual fue declarada de utilidad pública durante la presidencia de Oscar Arias y su ex ministro del Ambiente, Roberto Dobles, en abril de 2008.


Los opositores ya presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cual está pendiente de resolución.  Mientras se dirime el asunto  las operaciones de la compañía minera están suspendidas.

En Nicaragua genera fuertes tensiones las operaciones de la transnacional canadiense Triton en  la Mina El Limón, en el departamento de León, en vista de que  la extracción de oro y plata, que se realizan desde  hace  15 años, están contaminando las aguas superficiales-subterráneas, suelos y atmósfera, y ponen en riesgo la salud de los pobladores.