El Gobierno venezolano repatrió este jueves a 18 ciudadanos de nacionalidad española que cumplían condena en Venezuela por tráfico de droga, para que terminen su pena en España, como un intento por fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

El ministro de Interior y Justicia venezolano, Tareck El Aissami, desmintió este jueves desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar de Maiquetía (estado Vargas, centro norte), las acusaciones realizadas por un diario español que aseguraba un avión de la Fuerza Aérea española con toda su tripulación había sido retenida por las autoridades venezolanas.

Según El Aissami, diario El Mundo publicó en su sitio de web que "los agentes han revelado que permanecen encerrados en dos "barragones" de los que no pueden salir y dicen sentirse secuestrados".

"Este medio dice que el Gobierno venezolano tiene secuestrado la tripulación que viene al país para cumplir con una misión humanitaria", agregó.

El ministro venezolano, en compañía del Cónsul del Reino de España en Venezuela, Anibal Julio Jiménez, y otras autoridades españolas aseguró que medios de comunicación como el citado anteriormente buscan "sembrar voces de odio, mienten y pretender, a partir de ollas podridas, deteriorar las relaciones extraordinarias que tiene Venezuela con el pueblo de España".

El Aissami informó que debido a fallas técnicas del avión donde tripulaban 53 agentes de la Policía Internacional (Interpol) y la Policía Judicial española, tuvo que pernoctar en las instalaciones del aeropuerto venezolano.

Esta información fue corroborada por el mismo Cónsul del Reino de España en Venezuela quien afirmó que "la tripulación se alojó en el Hotel Meliá Caracas (de cinco estrellas) (...) y los reos que serán retornados a España "estuvieron hospedados en una penitenciaría cercana".

De igual forma, Jiménez agradeció el trato que le ha dado el Gobierno de Venezuela a estos agentes que "ha sido el correcto" y "esperamos que continúen con la colaboración, por lo que agradecemos al Gobierno venezolano porque estos convenios tienen carácter humanitario".

En relación al caso del ciudadano Arturo Murillo, presunto miembro de la organización País Vasco y Libertad (ETA por su sigla en Euskera), el ministro de Interior reafirmó que éste arribó al país en el año del 1989 durante el mandato de los dirigentes de entonces, el venezolano Carlos Andrés Pérez y el español Felipe González.

Afimó que la confusión se ha generado debido a que, primeramente "la difusión roja fue emitida por la Interpol de España el pasado 4 de marzo del 2010" y que debido a Murillo tiene ya casi 20 años en la nación quisimos solicitar información "por este mismo medio que nos envíen todos los antecedente penales por los cuales se ha efectuado la acusación, además que nos envíen cuáles son los hecho, la ubicación de tiempo y espacio de los mismos, además, cualquier dato que ilustre, que nos permita ahondar en esta investigación".

"Debo insistir en lo que el presidente Chávez dijo en estos días, José Arturo Murillo entró al país en 1989, en 1990 se casó con una ciudadana venezolana, tuvo hijos venezolanos, optó por la nacionalidad, y para el momento en que la pidió no tenía antecedente penales ni políticos, no estaba siendo requerido por ninguna autoridad nacional ni internacional, pero hace 11 días se ha generado un campaña (...) donde se quiere vincular al Gobierno venezolano con la ETA y con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)", indicó.

Agregó el ministro que "este es el mismo formato usado por la derecha, por las oligarquías que se han abalanzado a decir mentira tras mentira".

Afirmó que estos datos que se le han solicitados a la Interpol es para poder cumplir con los procedimientos que se deben llevar a cabo en esta nación suramericana pues al ser un ciudadano nacionalizado ha adquirido todos los derechos y deberes que se establecen en la Constitución.

Sostuvo que la colaboración que el Gobierno venezolano ha tenido con organismos internacionales se reflejan en hechos como que "se han deportano no menos de 35 personas vinculadas" a organizaciones irregulares en menos de un año, por lo que "nadie puede decir que el Gobierno venezolano no ha colaborado (...) ya no pueden sostener esa mentira, hemos sido diligentes a la hora de realizar este tipo de acuerdos".